Sheinbaum pide informe a Lemus tras denuncias de represión en Jalisco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este lunes ante los hechos ocurridos recientemente en Jalisco, donde manifestantes que exigían acceso a agua limpia fueron interceptados por corporaciones de seguridad. La mandataria federal manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de represión policial y solicitó formalmente al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica de las personas detenidas durante la movilización.

Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que el respeto a la libre manifestación es un pilar fundamental en su administración. Sheinbaum Pardo enfatizó que la resolución de conflictos sociales debe priorizar el diálogo y la atención a las demandas ciudadanas, descartando el uso de la fuerza pública como respuesta legítima a las peticiones por servicios básicos como el suministro de agua potable.

El equipo de comunicación de la Presidencia informó que se mantendrá una estrecha coordinación con las autoridades estatales para garantizar que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos involucrados en las protestas. La instrucción presidencial busca clarificar las circunstancias en las que se llevaron a cabo las detenciones y asegurar que el proceso se realice conforme a derecho y con pleno respeto a las garantías individuales de los manifestantes.

Por su parte, el gobierno de Jalisco ha indicado que se encuentra preparando la información solicitada por el Gobierno de México para esclarecer los eventos de los últimos días. La atención se centra ahora en la verificación de los protocolos utilizados por las fuerzas de seguridad locales durante el despliegue realizado para contener las manifestaciones en distintas zonas del estado.

Finalmente, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) ha sido instruida para dar seguimiento puntual a este caso, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y fomentar un canal de comunicación efectivo entre las autoridades locales y los grupos de la sociedad civil afectados por la crisis hídrica en la región. La administración federal reiteró su compromiso de no permitir excesos en el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policiales en ninguna entidad del país.