Segob propone destinar 119.8 millones para defensa jurídica y migración en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) presentó ante la Cámara de Diputados su propuesta de gasto para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, destacando un incremento destinado a áreas clave como la defensa jurídica, la gestión migratoria y la promoción de la cultura de la legalidad a través de los testamentos. Según el documento entregado por la dependencia, se plantea una partida presupuestal de 119.8 millones de pesos para fortalecer estas funciones sustantivas durante el próximo año.

El planteamiento presupuestal busca robustecer las capacidades institucionales de las unidades encargadas de brindar asesoría legal a ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Con este ajuste, la Segob pretende optimizar la atención en las oficinas de representación migratoria, garantizando que los procesos administrativos se realicen con estricto apego a los derechos humanos y bajo los estándares de transparencia vigentes en la administración pública federal.

En cuanto al rubro de testamentos, la propuesta busca ampliar el alcance de las campañas anuales que facilitan a los mexicanos la regularización de su situación patrimonial. La dependencia argumenta que, al aumentar los recursos para este programa, se busca reducir la incertidumbre jurídica de las familias mexicanas, promoviendo una cultura de previsión que disminuye los conflictos sucesorios a largo plazo en las entidades federativas.

El equipo técnico de la Segob señaló que este incremento en la partida responde a una necesidad de actualización operativa frente a los retos que presenta la movilidad humana en las fronteras y las demandas crecientes de asesoría legal especializada. La propuesta ahora deberá ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada por las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, como parte del proceso legislativo anual para la configuración del presupuesto federal.

Esta asignación presupuestaria se enmarca en la estrategia de la actual administración para consolidar las funciones de gobernabilidad y atención ciudadana. De aprobarse el monto solicitado, la Secretaría de Gobernación contaría con mayores herramientas financieras para ejecutar sus programas prioritarios y dar cumplimiento a los mandatos de ley en materia de justicia administrativa y protección de los derechos de los ciudadanos.