Proponen impedir cargos públicos a deudores alimentarios y agresores en CDMX
Legisladores capitalinos impulsan una iniciativa para restringir el acceso a la función pública a quienes tengan sentencias firmes por violencia o falta de pago de pensiones.
Una nueva iniciativa presentada ante el Congreso de la Ciudad de México busca reformar la normativa local para prohibir que personas con sentencias firmes por violencia familiar, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias ocupen cargos públicos en la capital del país. La propuesta, discutida en comisiones durante esta semana de julio de 2026, tiene como objetivo principal elevar los estándares éticos y de responsabilidad de quienes aspiran a representar a la ciudadanía o ejercer funciones administrativas en la administración pública local.
De acuerdo con los planteamientos de los grupos parlamentarios proponentes, esta medida busca cerrar brechas legales que actualmente permiten que individuos con antecedentes de violencia de género o abandono de responsabilidades familiares accedan a posiciones de toma de decisiones. El equipo técnico detrás de la iniciativa argumenta que el servicio público requiere una integridad moral mínima, la cual, a su juicio, es incompatible con el historial de quienes han vulnerado el bienestar de sus dependientes económicos o han sido condenados por delitos contra la libertad sexual.
La propuesta establece que los aspirantes a puestos de elección popular, así como aquellos que busquen ocupar cargos de confianza en las secretarías y dependencias capitalinas, deberán presentar una declaración bajo protesta de decir verdad. En caso de ser aprobada, esta disposición obligaría a las autoridades electorales y administrativas a verificar los registros judiciales correspondientes para asegurar que ningún perfil con antecedentes señalados pueda ser ratificado en el servicio público.
Representantes de diversas organizaciones civiles han señalado que esta reforma es un paso necesario para fortalecer el tejido social y la confianza en las instituciones. Sostienen que la política debe ser un espacio ejemplar donde la ética personal se refleje en el ejercicio del cargo, priorizando siempre la protección de los derechos de las víctimas y la observancia de la ley en materia familiar y penal.
El debate legislativo continuará en las próximas semanas, donde se espera la participación de especialistas en derecho constitucional y derechos humanos para analizar la viabilidad jurídica de estas restricciones. Si la propuesta avanza, la Ciudad de México se alinearía con esfuerzos nacionales orientados a garantizar que el servicio público sea ejercido por personas que cumplan con la obligación de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de las familias mexicanas.
