FBI y DEA investigan a hermanos Farías por contrabando de combustible
Autoridades estadounidenses vinculan a los hermanos Farías con el tráfico ilegal de hidrocarburos destinado al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante la operación denominada Muerte Líquida.
Agencias federales de Estados Unidos, encabezadas por el FBI y la DEA, han intensificado sus operaciones contra los hermanos Farías, señalados por su presunta participación en una red de contrabando de combustible hacia territorio mexicano. Bajo el nombre clave de operación Muerte Líquida, las autoridades estadounidenses buscan desarticular una cadena logística que, según los informes de inteligencia, abastece de hidrocarburos de manera ilícita al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para sus actividades operativas en diversas regiones del país.
La investigación apunta a que los hermanos Farías habrían establecido una estructura transfronteriza para el desvío de combustibles, aprovechando puntos vulnerables en la frontera norte. Los reportes señalan que este flujo ilícito de recursos energéticos es fundamental para la movilidad y capacidad operativa del grupo delictivo mencionado, lo que ha generado una estrecha coordinación entre las agencias norteamericanas y las instancias de seguridad mexicanas, incluyendo la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).
En los últimos meses, el cerco sobre los hermanos Farías se ha cerrado tras la recopilación de pruebas financieras y testimonios que los vinculan directamente con el movimiento de cargamentos a través de rutas marítimas y terrestres. La operación Muerte Líquida se centra en rastrear los activos financieros y los mecanismos de pago utilizados por esta red para eludir los controles aduaneros, impactando directamente en la infraestructura de distribución de hidrocarburos que opera en la zona limítrofe.
Aunque hasta el momento no se han confirmado detenciones en suelo mexicano, fuentes cercanas a la colaboración binacional indican que las autoridades mantienen una vigilancia activa sobre los movimientos de los implicados. La cooperación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el gobierno estadounidense busca integrar expedientes sólidos que permitan judicializar el caso ante las cortes correspondientes, cortando el financiamiento logístico que nutre las operaciones criminales en México.
