EE.UU. sanciona a más de 50 personas y empresas del CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes 24 de julio de 2026 la imposición de sanciones contra un grupo de más de 50 personas y empresas presuntamente vinculadas a las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta medida busca debilitar la estructura financiera y operativa de la organización delictiva, afectando activos y capacidades logísticas clave en territorio mexicano y extranjero.

Entre los nombres destacados en la nueva lista de bloqueos se encuentra Juan Carlos Valencia González, conocido por los alias de 'el 03' o 'el Pelón'. Las autoridades estadounidenses han señalado a este individuo como una pieza central en la jerarquía actual del grupo criminal, posicionándolo como un nuevo líder dentro de la estructura de mando tras los recientes movimientos en la organización.

La acción, coordinada mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implica la congelación de cualquier activo que los sancionados posean bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos o empresas de ese país realizar transacciones con ellos. Este despliegue de medidas económicas responde a una estrategia de largo aliento para desarticular las redes de lavado de dinero que alimentan a los grupos de la delincuencia organizada en México.

Por su parte, el gobierno mexicano, a través de sus instancias de seguridad y fiscalización, mantiene el seguimiento de las actividades de estas personas y empresas en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República han reiterado su compromiso con el intercambio de información de inteligencia para combatir el tráfico de sustancias ilícitas y las finanzas ilegales que impactan en la seguridad nacional.

Las autoridades señalaron que este golpe al CJNG forma parte de una serie de investigaciones continuas. Se espera que las dependencias competentes en México analicen el impacto de estas sanciones en el mercado interno y determinen las acciones legales correspondientes conforme a las leyes vigentes del país, priorizando la desarticulación de células operativas en las regiones donde mantienen mayor presencia.