Colectivos exigen aplicar el artículo 34 ante crisis de desapariciones en México

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familias de personas desaparecidas presentaron una propuesta formal ante autoridades federales para elevar el cumplimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ante un contexto donde las cifras oficiales registran más de 135 mil personas desaparecidas y una crisis forense que suma más de 72 mil restos humanos sin identificar, los grupos demandan una armonización integral entre la legislación mexicana y los estándares internacionales de búsqueda y justicia.

La propuesta se centra en la creación de mecanismos de cooperación internacional que permitan el intercambio de información técnica y forense, tal como lo establece el marco de la Convención. Los colectivos sostienen que el Estado mexicano debe fortalecer la capacidad operativa de las fiscalías y los servicios periciales mediante la adopción de protocolos estandarizados que faciliten la identificación de restos humanos. Este llamado busca que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República prioricen el fortalecimiento de los institutos de ciencias forenses en cada entidad federativa.

Dentro de los puntos clave del documento, se sugiere la implementación de un sistema nacional de datos genéticos que sea accesible bajo criterios de transparencia y derechos humanos. Las organizaciones proponen que los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas sean gestionados bajo una coordinación interinstitucional más estrecha, evitando la dispersión de esfuerzos entre la Comisión Nacional de Búsqueda y las fiscalías locales. La finalidad es garantizar que cada proceso de exhumación e identificación cuente con el acompañamiento de las familias afectadas.

Finalmente, el sector civil enfatiza que el cumplimiento del artículo 34 no debe limitarse a una formalidad administrativa, sino traducirse en acciones concretas de justicia y reparación. La propuesta subraya la necesidad de que el Congreso de la Unión revise las partidas presupuestales para asegurar que los laboratorios forenses cuenten con la tecnología y personal especializado necesario. Los colectivos reiteran que la crisis actual exige una respuesta de Estado que trascienda los periodos administrativos y garantice el derecho a la verdad de miles de familias mexicanas.